Pedro Castillo condenado a 11 años y 5 meses de prisión
El jueves, la Corte Suprema de Perú informó sobre la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión para el expresidente Pedro Castillo. Esto se debe a su coautoría en un delito de conspiración para una rebelión, relacionado con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Aunque fue absuelto de los cargos de abuso de poder y perturbación del orden público, la decisión del tribunal fue bastante clara.
Ese día, Castillo anunció la disolución temporal del Congreso y la intervención del sistema judicial, además de decidir gobernar mediante decretos. Todo esto lo hizo en un intento de adelantarse a una propuesta de destitución que la oposición estaba preparando, en medio de rumores sobre presuntos actos de corrupción que lo salpicaban.
La condena fue de 11 años y algo más, y aunque la fiscalía había solicitado una pena de hasta 34 años, el tribunal decidió imponer una sanción menor. Castillo recibió la sentencia con calma, y el tribunal destacó que había sido detenido en flagrancia por su participación en la conspiración.
Después de su anuncio televisado, dejó el Palacio de Gobierno y, según se dice, se dirigió hacia la embajada de México. Su familia alcanzó refugio allí, pero él fue arrestado pocos minutos después, y el Congreso lo destituyó, permaneciendo en prisión desde entonces.
En otro caso, la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente también asilada en la embajada de México, recibió la misma condena que Castillo. El tribunal, además, ha emitido una nueva orden de captura en su contra.
Martín Vizcarra también enfrenta la justicia
Este miércoles, le tocó el turno al expresidente Martín Vizcarra, quien fue condenado a 14 años de prisión por cohecho pasivo. Durante una audiencia en Lima, Vizcarra negó todos los cargos y aseguró que no hay evidencia que los respalde.
El fallo señala que Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020, habría recibido pagos de empresarios cuando era gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014, para direccionar obras públicas. Este caso fue crucial para su caída política, ya que antes del juicio, el Congreso lo destituyó en noviembre de 2020, un nuevo capítulo en la crisis institucional del país.
A pesar de los cargos, Vizcarra se mantuvo firme en su inocencia, afirmando que no hay justificación para la condena. Junto con la prisión, el tribunal le impuso nueve años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Con 62 años, esto significa que no podrá regresar a la política hasta los 84, un golpe considerable a sus aspiraciones futuras.